En un esfuerzo por garantizar la continuidad de la monarquía
española, que vive su peor crisis desde la transición democrática, la Casa Real
anunció ayer que el rey emérito Juan Carlos I abandonará próximamente el país,
aunque no reveló donde fijará su residencia.
El anterior jefe de Estado, que está siendo investigado por la
justicia suiza y la Fiscalía del Tribunal Supremo por el presunto cobro de
comisiones ilegales de Arabia Saudita, informó de esta decisión a su hijo
Felipe VI a través de una carta que la Casa Real ha incluido en su comunicado.
En su misiva, encabezada con un “Majestad, querido
Felipe”, Juan Carlos I afirma que su decisión está motivada por la
repercusión pública de “ciertos acontecimientos pasados de su vida
privada”, y que con ella pretende que el rey Felipe VI pueda llevar a cabo
su labor con “tranquilidad y serenidad”. “Hace un año te expresé
mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora,
guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a
sus instituciones y a ti como rey, te comunico la meditada decisión de
trasladarme, en estos momentos, fuera de España”, escribe el rey emérito,
que no cierra la puerta a un retorno en el futuro, quizás una vez acabadas sus
tribulaciones legales.
El rey emérito justifica su decisión, tomada “con profundo
sentimiento, pero con gran serenidad”, en la voluntad de preservar su
legado y su “propia dignidad como persona”. Por su parte, Felipe VI
ha respondido a la carta de su padre expresándole su “más sentido
respeto” y “agradecimiento”. Además, el monarca actual ha
aprovechado para subrayar “la importancia histórica” de los 40 años
de reinado de Juan Carlos I, que ha calificado como “un legado y una obra
institucional de servicio a España y a la democracia”.
Poco después de salir a la luz pública el comunicado de la Casa del
Rey, el abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, ha dejado claro que, a
pesar de residir en el extranjero, el exjefe del Estado continuará a
disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite necesario.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía española sobre el
presunto cobro de unos 65 millones de euros en comisiones ilegales por la
construcción del tren de alta velocidad de La Meca podría terminar en agua de
borrajas, ya que las más altas instancias de la Justicia española todavía no
han determinado si Juan Carlos I goza de inmunidad por todos sus actos como
jefe de Estado. Durante los próximos meses, la judicatura deberá precisar
cuáles son los límites de la inviolabilidad inscrita en la Constitución.
Según varias especulaciones de la prensa española, el exilio de Juan
Carlos I forma parte de una estrategia pactada entre el Gobierno y la Casa Real
para desvincular a Felipe VI de la figura de su padre, erigiendo un cortafuego
alrededor de la institución monárquica. En marzo, poco después del estallido
del escándalo a causa de las revelaciones de una ex amante de Juan Carlos I, el
rey informó que retiraría a su padre su asignación anual de cerca de 200.000
euros. Además, hace meses que el rey emérito no vive en el Palacio de la
Zarzuela, sino en otras propiedades de la corona en las afueras de Madrid y en
Galicia.
La primera reacción de la Moncloa tras conocerse la noticia ha sido
mostrar su “respeto” por la decisión del rey emérito, y a la vez
destacar “el sentido de ejemplaridad y transparencia que siempre han
guiado al rey Felipe VI”. La actitud deferente hacia la monarquía por parte
del presidente Pedro Sánchez y su partido, el PSOE, se corresponde con la de
posición de la oposición de derechas. El Partido Popular ha cerrado filas en
torno a la institución, insistiendo en su “lealtad a España, la monarquía
y el rey”, y en unos términos parecidos se ha expresado Ciudadanos. Así
pues, a corto plazo, la continuidad de la corona parece garantizada.
Ahora bien, este férreo apoyo entre los partidos cercanos al
establishment no refleja fielmente el sentir de la sociedad española, mucho más
dividida. De hecho, varios sondeos sugieren que los escándalos de los últimos
años han desgastado seriamente a la monarquía, hasta hace una década, una de
las instituciones más bien valoradas por la población. Además, aunque no ocupen
los centros neurálgicos del poder, no faltan partidos que encarnen hoy la larga
tradición del republicanismo español, entre ellos, el izquierdista Podemos,
socio de Sánchez en el gobierno, o los independentistas catalanes y vascos,
detalló Ricard González.
